El independentismo catalán utiliza un discurso que pone en peligro la supervivencia del estado de derecho en sí mismo.
La tesis que defiende es que si un número suficientemente representativo de personas entiende que una ley no es legítima o es injusta, la voluntad popular puede desobedecerla y sustituirla por otra con la fuerza de ese grupo de personas.
En mi opinión, da igual que ese grupo de personas represente el 30%, 40%, 50%, 60% de la población. El mensaje es letal para todo el cuerpo social. Lo que quiero destacar es que la democracia parlamentaria y representativa tiene su cauces para legislar en base a la voluntad expresada democráticamente en las urnas y la heramienta que utiliza es la ley.
El hecho de no estar de acuerdo con la ley, ni siquiera el hecho de desconocerla, no nos puede eximir de su cumplimiento. En el momento que se abra la puerta siquiera mínimamente a legitimar esa idea, toda nuestra sociedad y los valores que han hecho de España y de Ocidente en general el mejor territorio del mundo para vivir en paz y libertad, se desmoronaría como un polvorón en manos de King Kong.
Imaginemos que una noche, 2 millones de madrileños de los casi 7 millones de habitantes de Madrid, acudieran a las puertas de las delegaciones de Hacienda de la provincia para impedir que al día siguiente los funcionarios pudieran trabajar y recaudar impuestos, emitir sanciones, ejecutar embargos…. Y que la razón fuera que esos 2 millones de madrileños consideran que los impuestos que pagan son injustos, que frenan el crecimiento de la región, que arruinan sus negocios, que se transfieren a ciudadanos que consideran vagos o al menos poco eficientes, que se asignan a empresas fantasmas para beneficiar redes clientelares o simples amiguetes y que además pudieran soportar sus argumentos con sesudos estudios de organizaciones academica de gran prestigio. ¿Que debería hacer el Ministerio del Interior? ¿Iniciar negociaciones con la plataforma “Contra los impuestos injustos” muy legalmente constituida y organizadora de la acción?
Al día siguiente, 1 millón de Valencianos pertenecientes a la plataforma de “Conductores inocentes” bloquea pacíficamente con niños, ancianos y mujeres embarazadas, las vías más importantes de la ciudad en protesta por el exceso de señalización, la limitación exagerada de velocidad, los ciclistas en la carretera y las auopistas de peaje.
Al día siguiente, 1 millón de conductores bloquean las calles que conforman el perímetro de Madrid Central en protesta por los cortes de tráfico, el perjucio para los hoteles del centro de Madrid, el infierno de dejar a los niños en los colegios y pacíficamente bloquean la puerta del Ayuntamiento desde las 7 de la mañana.
¿En necesario seguir?
Yo no soporto a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, pero me tengo que aguantar. Considero que los impuestos que pagamos son confiscatorios, pero los pago. Me parece fatal que dejen acudir a los hooligans a los estadios de fútbol porque, además de que me parecen gentuza peligrosa, los policías que tienen que controlarlos se pagan con mis impuestos. Considero inaceptable que los inmigrantes ilegales reciban ayudas con mis impuestos mientras personas que han cotizado más de 40 años cobran una pensión miserable. Pero me aguanto. Y cuando toca, voto. Pero voto con arreglo a la ley, respetando un procedimiento establecido, con garantías, no como quiero, cuando quiero y donde quiero.
La ley se puede cambiar, de hecho es muy conveniente y necesario. La historia de la humanidad se puede seguir en la evolución del Derecho. En su momento matar a un esclavo era legal y las mujeres no podían votar. Claro que la ley se puede y se debe cambiar tantas veces como sea necesario. Pero hay que seguir unos cauces y respetar el marco de convivencia en el que vivimos todos. Y por lo tanto hay que respetar la voluntad de todos.
Si una situación es tan rematadamente injusta e insoportable que requiere la desobediencia de la ley, debemos admitir que estamos ante una acción revolucionaria o un golpe de Estado. La historia nos enseña infinidad de casos. Julio César cruzó el Rubicón, desafió a Pompeyo y al Senado e inició una guerra civil que ganó. Los revolucionarios franceses derrocaron a la monarquía absolutista del Antiguo Régimen. Los bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza, dieron un golpe de Estado contra el gobierno de Kerensky, democráticamente elegido, hicieron triunfar la revolución rusa e implantaron el Comunismo. Pinochet derrocó el gobierno de Allende. El PSOE inició la revolución de Asturias en 1934. Franco se alzó contra la República. ETA no aceptaba le ley y quería cambiar el régimen de el Pais Vasco. En todos estos casos y en miles más, hubo muertos. Muchos muertos. Porque alguien, algunos, decidieron no respetar al ley y usar la fuerza para imponer sus ideas.
Cada uno tendrá su opinión, muy respetable, sobre en qué casos era necesario, legítimo y mereció la pena y en cuáles no. Pero seamos conscientes de que el siguiente paso a la desobediencia de la ley es la violencia y los líderes independentistas catalanes, con toda la estructura de poder que controlan, animan a la desobediencia de la ley provocando inevitablemente situaciones de violencia.
Mi pregunta es: ¿la situación de Cataluña es tan dramática, tan injusta, se pisotean tantos derechos, se esquilma a los ciudadanos, se cometen tantos abusos, como para que sea necesario estimular la desobediencia, desafiar al Estado y al sistema que más prosperidad y libertad ha generado en la historia de España y saltarse la ley con los riegos que eso supone?
Si además asumimos que, porcentaje arriba porcentaje abajo, la mitad de la población no suscribe el ideario independentista y que hay una parálisis legislativa, falta de atención a los asuntos cotidianos que hacen que los ciudadanos vivan mejor y que los inversores dejan de mirar a Cataluña con el mismo interés, ¿de verdad es defendible el camino elegido?
Hay que estar cargado de razones objetivas, vivir momentos dramáticos, estar obligado a destruir situaciones ominosas, de profunda injusticia o estar convencido de que es necesario hacerlo para conjurar un peligro o una terrible amenaza, para pedirle a millones de personas que incumplan la ley. El peligro que conlleva debe estar muy justificado y eso sólo lo sabe la conciencia de cada uno.
Las leyes emanada de un parlamento democrático son la frontera entre el diálogo y la fuerza, entre la paz y la violencia. Cruzar ese Rubicón es muy peligroso. Y desde luego, las diferencias entre Julio César y cualquiera de los líderes independentistas no caben en el universo conocido.
Jose Luis Sicre Valeiras 